De la nueva situación derivada de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, que ya ha llevado a las primeras sentencias condenatorias a personas físicas, surge la necesidad de contar con expertos en idear modelos de gestión y prevención, a fin de garantizar el compromiso de las empresas con el cumplimiento normativo vigente.
Esto ha derivado en la búsqueda de perfiles muy concretos, tal y como explica el docente en materia legal, José Ramón González Cabo, quien apunta:
“La demanda de personal cualificado en esta materia es el objetivo de no pocos departamentos de recursos humanos, que buscan perfiles cada vez más técnicos y formados en este tema, que contribuyan a dotar de soluciones a la multitud de riesgos penales que, en función de su objeto social, estructura y complejidad, se pueden materializar en una empresa si no se implementan medidas concretas de prevención y control en este sentido".
No obstante, aunque la figura del Legal Compliance Officer es sobradamente conocida en el mundo anglosajón, en España existe una carencia de profesionales especializados, dado que los responsables de garantizar el cumplimiento normativo de la empresa han de sumar, a unos extensos conocimientos jurídicos, otro tipo de saberes y habilidades, a partir de los que garantizar la prevención, minimizar la existencia de conductas que pudieran derivar en responsabilidad penal para la empresa y, en la medida de lo posible, contribuir a evitarla, algo especialmente importante en una época en la que están aflorando múltiples escándalos financieros, contables e incluso medioambientales a nivel nacional e internacional.
Su labor ha de ir encaminada a garantizar la transparencia, a lograr el compromiso de todos los integrantes de la empresa en el cumplimiento normativo y, por supuesto, a propiciar que se minimicen las consecuencias derivadas de posibles incumplimientos por parte de quienes integran la organización. Para conseguirlo, el responsable de cumplimiento ha de saber cómo identificar los riesgos; ha de analizar los cambios que se produzcan en la empresa y determinar cómo han de realizarse para garantizar el cumplimiento normativo; y ha de diseñar las medidas preventivas y correctivas necesarias para minimizar los riesgos de comisión de delitos.
Además, ha de elaborar los documentos de gestión y control (compliance guides), y formar a todos los integrantes de la organización a fin de que los conozcan y se comprometan con el cumplimiento de estos, al objeto de garantizar un comportamiento responsable por parte de todo el equipo. El compromiso que exigirá el responsable de cumplimiento ha de ir más allá del marco normativo, puesto que, a través de su labor, ha de buscar una autorregulación de la empresa y, dentro de esta, lograr que el compromiso ético sea una de sus máximas prioridades.
El Legal Compliance Officer, que ha de tener amplios conocimientos jurídicos y de gestión y una gran capacidad de comunicación, puede ser parte integrante de la plantilla de una entidad. Pero cada vez son más las empresas que quieren afianzar su compromiso con el cumplimiento normativo y muchas de ellas, especialmente pymes, prefieren externalizar dicho servicio. De este modo, contar con formación en este área supone abrir un amplio abanico de oportunidades profesionales.