Las personas jurídicas podrían verse seriamente afectadas en el caso de que alguno de sus empleados cometiese algún delito. Por ello y para evitar el tener que afrontar dichas consecuencias, cada vez son más las entidades que, sea cual sea su tamaño, apuestan por incorporar a su equipo candidatos con probados conocimientos jurídicos o por contratar a asesores externos altamente capacitados.
Su función será la de desarrollar programas de control y supervisión que faciliten la autorregulación de la empresa y que sirvan para resaltar el compromiso que esta tiene con el cumplimiento normativo. Para ello, las organizaciones precisan encontrar un perfil muy concreto: buscan profesionales con una formación exhaustiva, que vaya más allá del componente meramente normativo, dado que el controller jurídico habrá de encauzar los procesos de la empresa, a fin de garantizar que en ellos se cumple con las exigencias legales vigentes sin que esto implique ralentizar las tareas o reducir los beneficios de la compañía.
El Legal Compliance Officer deberá conocer a fondo las particularidades de la entidad, por lo que entre el profesional y la empresa habrán de establecerse relaciones de confianza. Solo así, podrá acceder a cada sector o departamento y detectar, de un modo eficaz, los puntos más vulnerables.
El siguiente paso será el de elaborar el ya mentado programa de cumplimiento normativo. En él, expresará cómo se ha de comportar tanto la empresa como el personal que la integra en su desempeño habitual. Dicho plan se reflejará en una compliance guide, que ha de ser accesible y comprensible para cualquier trabajador de la organización, a fin de garantizar su funcionalidad y propiciar que este documento resulte eficaz. No obstante, no se trata de un texto cerrado, sino que el programa habrá de actualizarse y modificarse siempre que las circunstancias así lo requieran.
Por todo ello, el controller jurídico elegido habrá de sumar a su conocimiento normativo, otro tipo de habilidades como son las de análisis, gestión, vigilancia, control y comunicación escrita. No obstante, por el momento, España carece de suficientes profesionales cualificados para dar abasto a una demanda que crece cada día.